SS ABOGADOS

1. Introducción.

El próximo 1 de junio se llevará una jornada electoral sin precedentes en el país: 881 cargos del Poder Judicial Federal (PJF) serán puestos a disposición del electorado, quienes con voto secreto y directo determinarán quiénes ocuparán la titularidad de diversos órganos jurisdiccionales federales que ejercerán su función a lo largo y ancho de la república. Los cargos por elegir en este proceso, serán 9 personas para función de Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 para Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 para Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 para Magistraturas de Circuito, 386 para Juzgados de Distrito.  Será la elección más grande en la historia del país.

Luego de llevarse a cabo la llamada “reforma judicial”, la que incluyó diversos rubros como la creación de un órgano independiente administrativo y sancionador al interior del PJF, así como su reestructura financiera y salarial; se instauró el nuevo modelo de selección de quienes estarán a cargo de la impartición de justicia en el país. Cabe señalar que las Entidades Federativas, tienen desde luego la obligación de adecuar su legislación local, para transformar en la misma medida, su poder judicial, estando aun corriendo el plazo legal para ello.

No es cosa menor, desde luego, dar a la ciudadanía la encomienda de decidir qué personas son las que deban ocupar dichos cargos; esto ha sido una decisión muy controvertida, y hay razón para ello, como a continuación lo señalo en lo que considero son algunos puntos fundamentales en el desarrollo de este novedoso y dudoso proceso.

Será el Instituto Nacional Electoral, quien estará a cargo del proceso tal cual se hace con las demás elecciones populares y de consulta en términos constitucionales Paradójicamente, la encomienda quedó en manos del organismo público electoral en México, el cual ha sido constantemente criticado en los últimos años (sexenios diríamos, por el sentido mismo electoral) por quienes hoy ostentan la mayoría del poder legislativo, y ocupan la silla presidencial, ante ello, ¿será que en esta ocasión sí se tendrá plena confianza en los comicios? Esperemos que así sea, pues no se entiende de otra manera, el porqué se determinó en la reforma que dicho organismo también estuviese a cargo de tan importante proceso; desde luego, es evidente que no hay mejor opción, a pesar de los antecedentes existentes entre el partido en el poder y el citado organismo, el cual se sabe que fue diluido considerablemente con las reformas recientes, aminorando su fuerza y capacidad, teniendo que hacer más con menos, por cuanto hace a sus recursos; gran tarea la que habrá de llevarse a cabo en tan engorroso y singular proceso.

2. Para considerar.

Son varias las aristas que componen la reforma al PJF, ya que contiene connotaciones de índole política, jurídica, social, económica, administrativa, entre otras. Hace apenas unos meses, se llevó inclusive el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien ha manifestado, por un lado, la necesidad de reformar el sistema de justicia en México pero, por otra parte, ha dejado claramente establecida su postura de preocupación con el contenido de la reforma y en específico con el proceso de elección, el que podría repercutir en la independencia de poderes en el País.

Desde una apreciación personal, el proceso de elección surgida de la reforma judicial, contiene tres puntos fundamentales que la ciudadanía debe considerar, al momento de decidir si será o no partícipe el día de la jornada electoral, y de hacerlo, definir en qué sentido emitirá su voto.

Cabe recordar que la elección de ministros y ministras, se llevaba a cabo anteriormente mediante un proceso en el que desde la presidencia se proponían tres personas para un cargo, y el poder legislativo determinaba quién resultaba electo (una especie de participación ciudadana indirecta, al ceder su determinación mediante sus representantes populares) Por cuanto hace a los Estados, el proceso se realizaba en similar manera. Es decir, de cualquier manera, los dos poderes, ejecutivo y legislativo, siempre han intervenido en la elección de los cargos para ministros y ministras de la SCJN, así como para magistraturas de los poderes judiciales locales. La novedad radica en la elección de juzgadores de distrito y magistraturas del PJF; así como de jueces y magistraturas en los poderes locales.

También es importante decir que, aunque se tenía establecido un proceso de carrera judicial en los poderes judiciales de la federación y de las entidades federativas, había inconsistencias en los mismos, denotándose el nepotismo, la corrupción, el favoritismo, el partidismo y otros aspectos que truncaban la posibilidad de muchas personas aspirantes al crecimiento en la carrera judicial.

Por último, y por cuanto hace a la calidad, cualidades, profesionalismo, ética y demás características que deben revestir a todo juzgador, muchas de las personas que ejercen tales funciones lo hacen contrariando esas virtudes esenciales y emitiendo resoluciones que muchas veces rayan en lo inepto, el descaro y la ofensa. Quienes ejercemos el litigio, conocemos perfectamente las aptitudes y actitudes de quienes ocupan puestos en diversos órganos de justicia; en su mayoría son personas íntegras, trabajadoras, comprometidas, preparadas; pero existen también quienes no deberían ocupar esas importantes funciones, que impactan día a día en la sociedad.

3. Las principales preocupaciones.

IGNORANCIA: puede afirmarse que la ciudadanía desconoce a la mayoría de los postulantes a los diversos cargos, que no sabe cuáles son sus antecedentes, perfiles, formación y orígenes, también que no sabe sobre las atribuciones que se tienen en el cargo, y tampoco está enterada de la forma de ejercer la función encomendada. Esto inclusive es así, aunque en menor medida, hasta con quienes se encuentran inmersos en el mundo de la abogacía, el litigio, y la actividad de gobierno ejecutiva, legislativa y judicial. También existe desconocimiento de los alcances colaterales que puede haber tanto con el proceso mismo previo a la jornada electoral, como con posterioridad a la misma; no se puede descartar la posibilidad de que se inmiscuyan en el proceso personas o grupos de personas, empresarios, políticos, entre otros, con fines de obtener algún beneficio futuro personal o sectorial, político, financiero y, desde luego, de justicia.

POLITIZACIÓN: es evidente que existe un interés político en el proceso, de unos grupos y otros.
Están aquellos que lo echaron adelante, lo aprobaron, lo avalan, lo aplauden y lo promueven como una novedosa y democrática forma de participación directa del pueblo en la conformación del PJF, así como por los otros grupos que desdeñan, critican, reprueban, y alertan sobre los vicios que puede contener el mismo, y hasta lo tachan de ser un proceso a modo y manipulado por intereses de quienes hoy están en el poder ejecutivo y dominan en el legislativo. Se dice que se pretende tener una Suprema Corte “a modo”, que permita el paso de políticas públicas del régimen actual, y cuyas consecuencias podrían ser fatales para la nación. Sin embargo, dicha crítica carece de valor moral, cuando anteriormente se ejecutaron actos tendientes también al dominio del PJF por quienes han ocupado la silla presidencial y el dominio del legislativo; basta con recordar el recorte del número de ministros y ministras, así como la separación e instalación de nuevos, durante el gobierno de Zedillo. La justicia debería estar desligada de la actuación e interés de la política partidista y de grupos, por décadas hemos visto como la SCJN ha actuado favoreciendo intereses grupales o de política impuesta, contrariando principios básicos del derecho, violando incluso tratados internacionales firmados en materia de derechos humanos y pisoteando la Constitución.

También hemos visto, que la SCJN se ha excedido en algunas de sus resoluciones, cuando ejerce funciones de facto de correspondencia legislativa, en una notoria invasión de atribuciones entre poderes. La politización del proceso, será el mayor de los problemas que tendrá que sobrepasar esta elección a cargo del Instituto Nacional Electoral, quien en atención a lo que hoy dispone la ley, ha tenido que poner en marcha sus motores para adaptarse a las necesidades de este proceso, para procurar la participación ciudadana y garantizar la transparencia del proceso; por supuesto, tampoco la tendrá fácil, por decir lo menos.

RIESGO: al generarse campañas electorales en la que quienes sean postulantes van a pretender generar empatías y simpatías con los votantes, se compromete su ejercicio profesional. Es evidente, que cada persona que vote por alguna de las candidatas, estaría impedida para recibir justicia por dicha persona electa, al generarse de modo automatizado un conflicto de interés personal y directo: yo te puse, ahora tú me juzgas. En el caso de quienes ejercemos la abogacía postulante, dedicados al litigo y procesamiento de juicios, el conflicto de interés de participación en el proceso, resulta evidente. No hay manera de entender y justificar nuestra participación en los procesos previos o de campaña, ni en la jornada electoral, ni en los posteriores eventos, previos a la designación del cargo. El actuar de quienes resulten electos, estará siempre en el entredicho cuando deba su cargo a la determinación directa e indirecta de personas y grupos, especialmente de aquellos que abiertamente muestren inclinación hacia algunas de las personas que sean candidatas. La justicia estará muy comprometida, y solamente puede esperarse que la ética profesional y la razón jurídica sean los complementos que logren balancear, tan peligrosos compromisos obtenidos por los futuros juzgadores.

4. ¿Qué esperar del proceso y sus resultados?

El sentir de la población con el proceso electoral en el PJF, según lo que he rescatado de lectura en diversos espacios y momentos, es extremoso. Por un lado, hay quienes sienten total incertidumbre de lo que va a ocurrir, dada la novedad del sistema impuesto, pero también hay quienes afirman categóricamente que será un desastre. Por su parte, hay quienes afirman que será todo un éxito el hecho de que sea la ciudadanía que determine quien imparta justicia en el país. Considero que la jornada electoral, no obstante que será la más grande de la historia pensado así por el número de candidatos registrados y el número de cargos por elegir, será la de peor votación de la historia. Como ya señalé, podemos afirmar que hay un desconocimiento generalizado de la reforma, del proceso, de la jornada electoral, de los candidatos, de los cargos a elegir; ello, sin duda, generará el más alto índice de abstencionismo en una votación nacional. Ahora, ¿a quién o quiénes puede favorecer ese abstencionismo de votantes? La lógica indica, que quienes tienen un poder de atracción popular, bases de respaldo político, soporte partidista o sindicalista, y situaciones afines, serán los más beneficiados, dado que podrían asegurar el número suficiente de votos para lograr ser electos.

Al día de hoy, luego de varios días del periodo de campañas, ya se han mostrado algunos rostros especialmente en redes sociales de quienes se candidatean en este proceso. El uso de plataformas digitales como tiktok, como nueva modalidad publicitaria, está siendo usada por las personas candidatas, y eso no es problema alguno, el problema radica en los modos de publicitarse para un cargo que implica total seriedad por la injerencia que tendrán en los asuntos que habrán de resolver; una cosa es ganar simpatías, y otra cosa es querer generar “alegrías”, no estamos para payasadas. Nada extraño es el uso de plataformas digitales como la que he mencionado, si el anterior presidente de la SCJN, se la pasó promocionándose en esa vía y forma en sus últimos años de ocupar el cargo: ganar adeptos era la tarea. La ciudadanía deberá ocuparse de revisar cuidadosamente los perfiles de quienes se postulan, si es que pretende tener una participación directa en la elección. El proceso electoral que se viene es de muchísima importancia, y no se está teniendo en cuenta ello; no podemos permitir dejar la justicia en manos de quienes, se presume, pueden ocupar el cargo debiendo favores, teniendo compromisos, desconociendo el sistema y, mucho menos, de quien no cuente con las suficientes tablas que se requiere para asumir esta fundamental función en nuestra sociedad.

Lo deseable para mí, es que ya estando el proceso en marcha, éste se lleve a cabo de una manera totalmente civilizada (por organizadores, candidatos, electores y resolutores); pero, especialmente, que quienes asuman los cargos en disputa, ejerzan digna y profesionalmente la encomienda ciudadana de impartir justicia de alto nivel y atendiendo a los nuevos paradigmas del derecho y su esencia humana, situación que podrá ser evaluada durante los siguientes años, con el transcurrir del tiempo y el actuar en cada uno de los órganos que conformarán los diríamos, “nuevos” poderes judiciales de la federación y de cada uno de los Estados.